La Iglesia de San Juan opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: "Meter presos a los jóvenes no resuelve el problema"
La Cámara de Diputados de la Nación tratará este jueves el proyecto de Ley Penal Juvenil que, entre otros cambios, propone que la edad de imputabilidad baje a 14 años (aunque podría primar la disposición original del Gobierno nacional, que quería que fuese a los 13 años). En este contexto, la Iglesia se expidió al respecto y marcaron un claro rechazo al proyecto. En San Juan, la institución no se quedó atrás y planteó que la solución debe ser más abarcativa que solo “meter jóvenes en la cárcel”.
El encargado de expresarse por la Iglesia de la provincia fue el obispo auxiliar Monseñor Gustavo Larrazábal, quien aseguró que se debe analizar qué contención se le da a los más chicos que están en estado de vulnerabilidad, antes de encarcelarlos. “Es un tema que tiene que ser más abarcativo, me parece que meter presos a los jóvenes, a los adolescentes, no resuelve el problema, sino que tenemos que ver verdaderamente cómo nosotros acompañamos la situación, como nosotros desde la sociedad, le damos espacios a los jóvenes, cómo los vamos reinsertando en otro tipo de actividades que verdaderamente los ayuden”.
En este sentido, el Monseñor fue taxativo con su postura: “Con bajar la edad de imputabilidad, no vamos a solucionar el problema”. Además, agregó que la Iglesia “hace lo que puede” con los jóvenes en situación de vulnerabilidad, pero que no puede cumplir con lo que el Estado debe realizar por obligación.
La carta de la Comisión Episcopal
El documento en el que la Iglesia a nivel nacional toma postura, fechado el 8 de febrero de 2026 y firmado por Cáritas Nacional y las comisiones episcopales de Pastoral Social y Pastoral Carcelaria, rechaza el proyecto de Nuevo Régimen Penal Juvenil y advierte que “bajar la edad no baja el delito”. Apoyada en su trabajo territorial en barrios populares y en el respaldo de organismos como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y asociaciones profesionales, la Iglesia sostiene que la participación de adolescentes en delitos es mínima y que la evidencia regional demuestra que más castigo no se traduce en mayor seguridad.
En el escrito, los obispos cuestionan la falta de condiciones institucionales y presupuestarias para implementar una reforma de este tipo, señalan posibles conflictos de constitucionalidad y remarcan que el cerebro adolescente aún está en desarrollo, lo que invalida la lógica de aplicar penas de adultos a menores. Además, alertan sobre el uso del dolor social con fines mediáticos o electorales y proponen alternativas como la Justicia Restaurativa y el fortalecimiento de políticas públicas de educación, salud mental y acompañamiento social. “Lo que está en juego no es solo una ley, sino la concepción misma de persona”, concluyen, citando al papa Francisco y reafirmando que los adolescentes son presente y esperanza, no una amenaza.
